ABC de Sevilla · 16 de septiembre de 2001
El juzgado de instrucción 1 de Lebrija ha archivado la denuncia de varios propietarios contra el alcalde, Antonio Torres (PSOE), y el delegado de Urbanismo por un presunto delito de expropiación ilegal y prevaricación en las obras realizadas en sus parcelas para mejorar la travesía de la localidad.El juzgado, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que la actuación del consistorio «no está impregnada del ánimo o intención de despojar de la propiedad privada» a los denunciantes, si bien es cierto que «las obras comenzaron sin cumplir todos los requisitos» para llevar a cabo la mencionada expropiación.En concreto, el juez señala que las obras de mejora de la carretera Lebrija-Trebujena en la travesía de la localidad empezaron en mayo de 2000 sin cumplir el requisito de declarar de urgencia la ocupación de las parcelas de los denunciantes, pero en cambio sí que se había cumplido «el requisito más importante, que es la declaración de utilidad pública e interés social».El auto de archivo reconoce que los imputados «se precipitaron en la iniciación de unas obras que estimaban necesarias para la población» pero añade que esto era así «hasta el extremo de que muchos vecinos afectados lo entienden y ceden gratuitamente el terreno para la construcción de la rotonda». Añade que no estaba clara la titularidad de las parcelas ocupadas como lo demuestra el hecho de que en 1993 «se realizaron en el terreno afectado otras intervenciones en la creencia de su carácter público, en concreto se plantaron árboles, sin que ningún propietario realizara manifestación alguna». IMPOSIBLE ACCEDER A SUS COCHERAS El abogado Gabriel Velamazán, que defiende a los denunciantes, anunció su intención de recurrir porque la expropiación ha dejado a los propietarios «absolutamente imposibilitados de acceder a sus cocheras y camino de acceso a las mismas» y no es cierto, como alega el Ayuntamiento, que se limitó a los terrenos existentes frente a las parcelas.Según el auto judicial, «es dificultoso que el Consistorio pudiese conocer con exactitud la titularidad privada de dichos terrenos» porque los títulos de propiedad de las parcelas no figuraban aun en el catastro, y por tanto «actuó en la creencia de que se podían realizar las obras y no existió intención de desposeer de su propiedad a los vecinos».