Faro de Vigo · 16 de enero de 2006
Gabriel Velamazán, abogado de la madre, explicó hoy en rueda de prensa que la sentencia de la Audiencia no es recurrible, por lo que la Junta debe pagar dentro del plazo legal de 20 días y, en caso contrario, entablarán una demanda de ejecución en la que además la Administración será condenada a pagar las costas. Velamazán afirmó que Carmen Fernández tiene «una sensación agridulce» porque los 1,4 millones de euros «le ayudarán a tener una vida más digna que en los últimos años», aunque ella «hubiese preferido no recibir ni un euro y que esto se hubiese resuelto en 1998». El letrado, que ha conseguido una de las mayores indemnizaciones otorgadas en Sevilla por funcionamiento anormal de un servicio público, informó de que Carmen tiene otras dos reclamaciones en marcha, por un importe similar.