Diario de Sevilla · 23 de febrero de 2016
Una mujer maltratada ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía le retiró injustamente el 27 de mayo de 2010 a su bebé, por entonces de menos de tres años, a raíz de una serie de denuncias “casi siempre anónimas” sobre unos supuestos malos tratos que la madre habría infligido al menor y que fueron archivados en 2012. El juicio para determinar si el desamparo del niño estuvo bien acordado se celebrará el próximo 8 de marzo en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, casi seis años después de que se procediera a la retirada del menor, que actualmente vive en acogida permanente con una familia. Ana, la madre de Telmo (nombre ficticio con el que se refirió a su hijo para salvaguardar su anonimato y que significa “hijo muy querido”), ha protagonizado este martes una rueda de prensa junto al abogado Gabriel Velamazán, especialista en temas de protección de menores, y Rafaela, la abuela del niño, en la que ha relatado entre lágrimas que se siente “remaltratada” por la Junta de Andalucía, a la que acusa de haberle “robado” a su hijo. La mujer ha explicado que es una víctima de violencia de género, como prueba un sentencia dictada por la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que condenó a su ex pareja y padre de Telmo a 33 meses de prisión por dos delitos de malos tratos, uno de amenazas, otro de quebrantamiento y lesiones. La madre, que actualmente tiene otras dos niñas a las que cuida perfectamente y no han sido objeto de desamparo, fue acusada de malos tratos al bebé, que fue retirado el 27 de mayo de 2010, decretando en junio de ese mismo año la Junta el desamparo provisional en vía administrativa, decisión que fue ratificada en marzo de 2011. Tan sólo unos meses después, en junio de 2012, el juzgado de Instrucción numero 8 de Sevilla sobreseyó el procedimiento penal contra Ana por el supuesto maltrato a su hijo, una decisión que recurrió la Junta de Andalucía y que terminó con una resolución de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dictada en octubre de 2012 que confirmó el archivo de las actuaciones. Desde ese momento, Ana quedaba libre de los cargos que supuestamente habían motivado el desamparo del menor, pero a pesar de que han transcurrido cuatro años la Junta no ha devuelto al niño a su madre y todo está a la espera del juicio que tendrá lugar el 8 de marzo. Desde entonces lo que sí se ha producido es un endurecimiento de los contactos entre madre e hija, puesto que el 1 de marzo de 2013 la Junta propuso al juzgado una mayor limitación de las visitas de Telmo con su madre, que quedaron fijadas en “una hora al mes”, mientras que la abuela sólo podrá verlo una hora cada dos meses. Además, la Junta decidió que del acogimiento simple en que se encontraba se pasara a uno de carácter permanente. La Audiencia de Sevilla avaló en octubre de 2014 ambas medidas. La madre ha leído una carta ante los medios de comunicación en la que ha realizado un llamamiento a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que intervenga y solucione su caso. “Usted que es mujer y que ha sido madre hace poco ¿va a permitir este remaltrato por parte de la Junta a una mujer maltratada por su ex pareja?”, ha asegurado Ana, que ha insistido en su inocencia respecto a las acusaciones de malos tratos a su hijo, que hoy tiene ocho años y medio. “Es mentira, nunca lastimaría a mi niño de mi alma, preferiría morirme antes de ver a mi príncipe llorar por culpa mía, los padres tenemos que hacer que los hijos sean felices, rían y no sufran, porque de eso ya se encarga la vida con el paso de los años cuando son adultos”, ha aseverado la progenitora. “Soy una mujer víctima de violencia de género, pedí ayuda por estar amenazada y la Administración en vez de proporcionarme la ayuda correspondiente, me maltratan doblemente robándome a mi príncipe de mis brazos, de mi vida, de mis noches y mi día, de mis sueños”, ha sentenciado la madre de Telmo, que ha denunciado igualmente cómo recortaron los encuentros con su hijo. “Empecé a ver a mi príncipe una hora quincenal, me la reducen a una hora mensual… los derechos se los proporcionan a violadores y pederastas, que tienen derecho a un vínculo familiar más amplio que yo con mi hijo; que no me dejan hacerle fotos, que me lo tienen prohibido”, ha añadido. Una situación Kafkiana Por su parte, el abogado Gabriel Velamazán, que se ha hecho recientemente cargo del asunto en la vía administrativa, ha tildado de “kafkiana” la situación que ha ocurrido con la retirada de Telmo de su madre y ha recordado que la madre cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Menor Gitano, puesto que le retiraron al menor “injustamente” y “sin haber hecho nada malo”, y ha insistido en que Ana “no sólo no ha maltratado a su hijo, sino que es ella la maltratada”, asegurando que “no hay prueba alguna del supuesto maltrato al niño y sí de que la madre fue víctima de un maltrato grave por su ex pareja”. Velamazán, que recordó que este año se cumple el 20 aniversario del inicio del caso Iván y Sara –otro proceso de retirada de un menor que se ganó en los tribunales-, consideró que si la Administración quiere habrá “solución” para Ana y Telmo, y en este sentido destacó que el Caso de Carmen Fernández “nos enseñó que los acogimientos simples o permanentes no tienen nada que ver con los de preadopción”, por lo que en el caso de Telmo hay una “institución reversible” que hace que el niño pueda regresar con su madre porque la ley “obliga a la Administración a actuar si detecta cambios importantes” respecto al momento en que se adoptaron las medidas. De momento, en dos escritos remitidos los días 11 y 18 de febrero, el letrado ya ha pedido la ampliación inmediata del régimen de contactos, tanto en horario como en libertad de movimientos, y ha reclamado el acceso al caso de “profesionales” como trabajadores sociales y psicólogos designados por esta parte para que analicen la vuelta del menor “con la familia de la que jamás debió ser apartada” y al que no se impediría en todo caso acabar el curso escolar. La abuela de Telmo afirmó que el niño fue retirado por la Junta “sin una investigación previa” y criticó el estricto e “inhumano” régimen de visitas impuesto a los familiares.