ABC de Sevilla · 9 de enero de 2003
SEVILLA. Si hay un punto de encuentro de todas las partes afectadas en el proceso judicial que durante más de seis años ha dirimido sobre el futuro de los niños Sara e Ivan, a los que la Junta decretó en desamparo por el alcoholismo que padecía su madre, es en la responsabilidad de la política de acogimiento de menores de la Junta de Andalucía.Los abogados de una y otra parte, madre biológica y padres de acogida, se sienten víctimas de numerosas irregularidades en este proceso. A raiz de la comparecencia de los niños ante la Audiencia Provincial en octubre de 2000 se conocieron algunas de estas quejas al proceso administrativo, como el haber ofrecido todas las expectativas de adopción a la familia acogedora, sin que se hubiera asentado jurídicamente el desamparo. Igualmente se acusó a personal del centro de acogida en el que estuvieron los menores de haber mentido a los niños haciendoles creer que su madre había muerto víctima de un cáncer.En su día, el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, pidió nombres y apellidos ante estas acusaciones, pero lo cierto es que después de seis años de litigio y varias sentencias que cuestionan la actuación de la Administración en el caso, no hay siquiera un expediente de investigación abierto a funcionarios o centros colaboradores de la Consejería en relación a este caso. En tierra de nadie Después de más de seis años en los Tribunales, el caso de Sara e Iván va camino de convertirse en el prototipo de los despropósitos en la política de menores y contínua aportación de resoluciones judiciales atípicas. En su día un recurso de los padres de acogida al Constitucional sentó jurisprudencia para que las familias en estas circunstnaicas puedan personarse como parte cuando se cuestione judicialmente el desamparo que propició el acogimiento; la última resolución de la Audiencia en el caso introduce como novedad la compensación por la imposible ejecución de la sentecia que ordenaba la devolución de los dos niños con su madre biológica.En todo caso, esta resolución ha reiterado que no exitió desamparo de los pequeños -como determinó la Junta- y que por tanto no debería haberse efectuado el proceso de acogida y menos el de preadopción de los niños. Así las cosas, la situación jurídica de los niños es igualmente atípica, viven con unos acogedores de hecho y se considera imposible que vuelvan con su madre biológica. La abogada de la familia de acogida, María del Mar Arredonda, anunció ayer que iniciarán los trámites para solicitar a los niños en adopción, mientras el abogado de la madre biológica, Gabriel Velamazan, anunciaba ayer que reclamarán un régimen de visitas para la madre, similar al de la separación matrimonial. Gabriel Velamazán, abogado de Carmen Fernández: «No hay causa legal para solicitar la adopción» Velamazán, considera que frente a las pretenciones de la familia de acogida, «No hay causa legal para solicitar la adopción en estas circunstancias, ya que la madre biológico no está privada de la patria potestad ni hay en curso contra ella ninguna causa para la privación».Y es que la sentencia de la Audiencia elude entrar a estas alturas en la situación jurídica de los pequeños que están, a juicio de las partes, «en tierra de nadie».Al menos, no habrá recurso de Carmen Fernández, la madre biológica, al Tribunal Constitucional; «serían otros cuatro años de litigio y ya tenemos bastantes pleitos ganados como para insistir en lo mismo», aseguraba ayer su abogado, que tampoco presentará queja ante el Consejo General del Poder Judicial, una iniciativa que el letrado entiende debería haber tenido en cuenta la sección sexta de la Audiencia ante los reiterados incumplimientos de las resoluciones que requerían la evolución de los niños con su madre biológica. María del Mar Arredonda, abogada de la familia de acogida: «Hay dos administraciones responsables: Asuntos Sociales y Justicia» También la letrada que representa a la familia de acogida reconoce a ésta como víctima en todo el proceso y señala la responsabilidad de la administración autonómica que les requirió como familia de acogida a pesar de constar como familia adoptante, aunque también de la administración de Justicia por la demora que ha sufrido todo el proceso juidicial. Arredonda no descarta que en su día pueda reclamar tambien una indemnización para su cliente, aunque el esfuerzo ahora se centrará en conseguir la adopción definitiva de los niños.La abogada duda también de que pueda establecerse un régimen de visitas como el que reclamará la madre biológica «después de demostrarse que los planes de acercamiento han fracasado», aunque añadió que «no se negarán a «cualquier cosa que sea beneficiosa para los niños» de los que dijo se encuentran «contentos» tras la resolución judicial.Ambas partes esperan la llamada del titular del juzgado de Familia número siete, Francisco Serrano, sobre el que recae la responsabilidad de fijar una indemnización que nadie se atreve a cuantificar ni por aproximación ante la falta de antecedentes. «Queremos oir al juez -decía ayer el abogado de Carmen Fernández- porque en cuanto a la indemnización, todos los baremos al uso parecen cortísimos».Noticias relacionadas Jueces para la democracia critica la política de menores andaluza Medidas «de fuerza» para evitar el traslado de los niños de La Rinconada